La cláusula penal es una disposición que se incluye en un contrato para establecer una multa o sanción económica en caso de que alguna de las partes no cumpla con lo acordado. Su principal objetivo es garantizar el cumplimiento del contrato y dar seguridad a ambas partes, ya que define de antemano cuánto deberá pagar quien incumpla, evitando así conflictos o juicios posteriores.

No, no es obligatoria, pero se recomienda incluirla, ya que funciona como un incentivo para que ambas partes cumplan con lo acordado y firmen posteriormente la escritura de compraventa.

En algunos casos, sí conviene inscribirla, especialmente cuando se busca dar mayor seguridad jurídica al acuerdo. La inscripción permite que el documento tenga oponibilidad frente a terceros, es decir, que otras personas no puedan alegar desconocimiento del compromiso asumido entre las partes. Esto resulta especialmente útil en contratos relacionados con bienes raíces u operaciones donde puedan intervenir futuros compradores o acreedores. En resumen, inscribir la promesa puede ser una buena medida de resguardo, sobre todo cuando el acuerdo involucra montos importantes o plazos prolongados.

Si alguna de las partes no cumple con el plazo o la condición establecida en el contrato o promesa, se aplicarán las consecuencias que hayan sido previamente pactadas entre las partes. En la mayoría de los casos, entra en juego la cláusula penal, que establece una multa o sanción económica por el incumplimiento. Sin embargo, el contrato también puede contemplar otras alternativas, como prórrogas de plazo o incluso la resolución del acuerdo, dependiendo de lo que se haya estipulado. En términos simples, el efecto dependerá de lo que las partes hayan acordado por escrito, por lo que es importante convenir cuidadosamente las cláusulas del contrato antes de firmarlo.